
En 2026, cuando un vecino de Longyearbyen muere, su cuerpo cruza en avioneta 3.000 kilómetros hasta Tromsø, en la Noruega peninsular. Es el único cementerio autorizado. Enterrarlo en el archipiélago de Svalbard, donde vive, está prohibido por ley.
En 2015, la iglesia luterana comprobó por décima vez las tumbas del pequeño camposanto de 1917: los ataúdes seguían subiendo unos centímetros cada año, empujados por el hielo. La conclusión oficial repitió lo que ya sabían. Aquí el suelo no se traga a los muertos: los expulsa.
En 1998, un equipo de la Universidad de Toronto autorizó cavar seis fosas del cementerio original. Buscaban ADN del virus de la gripe española de 1918, atrapado —creían— en los cuerpos de siete mineros muertos aquella semana. Encontraron tejido pulmonar intacto ochenta años después. El hielo conserva todo.
En 1950, el pueblo entero (entonces 700 personas) firmó la orden. La razón exacta cabe en una frase técnica: el permafrost, esa capa de suelo que nunca se descongela, arrastra hacia arriba lo que se le mete debajo. Un año detrás de otro. Un ataúd tarda dos siglos en aflorar, pero aflora.
Longyearbyen se fundó en 1906. Un empresario estadounidense, John Munroe Longyear, montó una mina de carbón donde solo había 2.000 osos polares y sol continuo de mayo a agosto. Un siglo más tarde, sus 1.200 vecinos siguen enterrando a sus muertos en otra costa. Y esperando, sin quererlo, a saber qué guardaron los siete mineros del 18.