En Valencia un tribunal juzga de palabra y sin cobrar

El guarda de la acequia de Favara cuenta en voz alta lo que vio: a qué hora, en qué brazo —el canal pequeño que entra en las fincas—, cuánta agua. El denunciado contesta de pie. No hay abogado y no hay procurador, porque en este tribunal no están admitidos, y no hay un solo escrito: la denuncia es oral, la indagatoria es oral y la sentencia también. El presidente la dicta allí mismo, en valenciano, sin levantarse de su sillón.

Los ocho síndicos que acaban de juzgarlo no cobran por hacerlo. Ni sueldo ni dieta.

Al denunciado lo citó el guarda de su acequia para ese jueves. Se le puede citar hasta tres veces; si a la tercera no acude, se le juzga igual, esté delante o no.

Es el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y se reúne los jueves a mediodía en la Puerta de los Apóstoles de la catedral, al aire libre, en la plaza de la Virgen. Si el jueves cae festivo no se salta la semana: se adelanta al miércoles, y la única sesión que no se celebra es la que va de Navidad a Reyes. En el suelo se cierra el corralet: ocho sillones, uno por acequia, con el sitio asignado. Son las ocho acequias madre que nacen del Turia y riegan la huerta que rodea la ciudad, cinco por la margen derecha y tres por la izquierda —una de ellas, la de Favara—, y el tribunal lo forman sus ocho síndicos.

Un síndico no es un juez de carrera. Las ordenanzas exigen que sea labrador, que cultive él mismo sus tierras y que tenga, dicho con esas palabras, conocida fama de hombre honrado. Lo eligen los propios regantes de su comunidad. Juzgar no es su oficio: es una obligación que le viene con el cargo, y por eso no se le paga. Es lo que el procesalista Víctor Fairén Guillén llamó economía al estudiar este procedimiento: el juicio no genera ningún gasto procesal, y lo único que paga el denunciado son los desplazamientos del guarda o del alguacil.

Y el agua tampoco espera. Un riego robado un martes que se resolviera dos años después no resolvería nada: esa cosecha ya se ha secado o ya se ha vendido. Las ocho acequias reparten el caudal del río a través de 138 filas —las bocas por las que cada una saca su parte—, y el turno de riego hay que gobernarlo esta semana, no la que viene. Por eso cada jueves se ven las infracciones cometidas desde el jueves anterior.

De cada juicio sí queda un rastro escrito, y es breve: un Libro Registro donde se apunta el denunciante, el denunciado, la acequia, el brazo, el motivo de la denuncia, la sentencia y la fecha. Ni demanda, ni contestación, ni prueba documental, ni acta de la vista: solo esas siete casillas.

El artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, la norma que organiza los juzgados españoles, le reconoce expresamente el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional: lo que se dice en esa puerta son sentencias. La Unesco lo inscribió en 2009 en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en el mismo expediente que el Consejo de Hombres Buenos de la huerta de Murcia, que hace lo mismo con el agua del Segura.

Y cuando se levanta la sesión pública, los ocho síndicos se van a la Casa Vestuario, al lado de la plaza, y celebran la sesión administrativa, que no es pública y en la que no se juzga a nadie: ahí se reparte el agua de la semana siguiente entre las ocho acequias.